El fallo de la Corte Suprema de Justicia relativo a la posibilidad de conmutar la pena de los condenados por delitos de lesa humanidad mediante la fórmula del “2×1” suscitó en gran parte de la sociedad una reacción casi unánime, plasmada en la multitudinaria marcha a Plaza de Mayo del día 10 de este mes. Unas semanas atrás, en marzo, las calles se vieron colmadas por una serie de movilizaciones masivas: el paro docente y la Marcha Federal, el reclamo de la CGT contra la política económica del gobierno de Mauricio Macri, el día de la Mujer, el día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la marcha de la CTA, y la expresión de apoyo a la gestión presidencial del 1A, entre las más salientes. A pesar de la tradición de presencia en las calles que tiene este país, semejante intensidad no se percibía desde hace mucho tiempo. Estos acontecimientos despertaron numerosas reflexiones acerca de la modalidad de ocupación del espacio público como forma de visibilización de una problemática o como forma de protesta. ¿Son estas movilizaciones signo de una mayor vitalidad de la democracia actual o, por el contrario, indican la incapacidad de las instituciones de canalizar las demandas de una sociedad que no se resigna a pensar su participación política a las vías meramente electorales?
En primer lugar, para analizar estas expresiones resulta imprescindible identificar su naturaleza. Es notorio que los actores de la protesta han mutado con respecto a un siglo XX que mostró el nacimiento y el auge del movimiento sindical como protagonista casi hegemónico, y también en relación a principios del milenio, donde las calles fueron ocupadas por los movimientos piqueteros y las ollas populares organizadas por los sectores más vulnerados por la crisis del 2001. Hoy, sin embargo, son otros los actores de la protesta política y social que se suman a los tradicionales. Más allá de la masiva presencia de partidos y organizaciones políticas de amplio espectro en las movilizaciones actuales, hay un actor que no puede ser soslayado en este análisis, y cuya actuación en este tipo de dinámicas va in crescendo: la sociedad civil. En cierto punto, este sector contribuye a la horizontalidad de la protesta callejera, ya que desplaza a los actores tradicionales del protagonismo, y los invita a compartir el escenario. Por otra parte, al no ser un sector “embanderado” o con clara identificación partidaria, pero fuertemente interpelado por las consignas de cada marcha y por la ebullición de la coyuntura, resulta más difícil delimitar sus características como actor homogéneo. Por eso mismo, tampoco es fácil estudiarlo en clave electoral. ¿Hacia dónde irá esa gran masa indefinida a la hora de depositar su voto? Es este un sector fundamental al que las fuerzas políticas opositoras deberán apuntar a interpelar, y al que los analistas de opinión deberán dirigir su atención y análisis.
Otra pregunta que puede surgir frente a este panorama es la de la efectividad de estas movilizaciones en la concreción de sus reclamos. En este caso en particular, ¿la proliferación de marchas contra el oficialismo aportó a la creación de un movimiento de oposición sólido y homogéneo, capaz de condicionar el margen de maniobra del gobierno y, en última instancia, constituirse como una alternativa opositora superadora que pueda enfrentarlo en octubre? Y por otro lado, ¿tiene un correlato la movilización de bases partidarias en la postura y accionar de sus respectivos espacios, por ejemplo, en su labor parlamentaria? En el caso de la manifestación del 2×1, se puede afirmar que sí. Una movilización gestada en el seno de los organismos de derechos humanos, y luego difundida masivamente en las redes sociales, le marcó la cancha a un Poder Legislativo que había quedado impasible ante la decisión judicial. Sólo por una diferencia de horas, y anticipando la magnitud de lo que luego sería la marcha, se convocó a una sesión para debatir un proyecto que, de alguna manera, permitiera sentar una posición firme de los legisladores y de sus respectivos espacios políticos – a pesar de que no se han conocido concretamente los alcances de esta nueva ley y su efectiva capacidad de condicionar el mandato judicial. No obstante, resulta aún arriesgado afirmar que la cantidad y masividad de expresiones anti-oficialistas podrán expresarse en una oposición electoral firme al gobierno de Mauricio Macri.
De todos modos, en un año con elecciones legislativas primarias en agosto y generales en octubre, abundarán los datos que permitirán hacer más preciso el análisis que aquí se ha esbozado. En primer lugar, el porcentaje de participación electoral tanto en las PASO como en octubre ofrecerá una primera pista sobre si el ímpetu de las movilizaciones se habrá trasladado efectivamente o no a las urnas. En segundo lugar, la performance de los partidos opositores en ambas instancias electorales constituirá otro indicador para el análisis. Mientras esperamos la etapa de definiciones y los primeros datos una vez definidas las fórmulas, la mirada seguirá fija en las calles.
